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El Huachicol afianza en Oaxaca; ofertan GAS LP en redes sociales sin ninguna regularización

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El Huachicol afianza en Oaxaca; ofertan GAS LP en redes sociales sin ninguna regularización

Un desafío global con silencio cómplice

El robo y venta de hidrocarburos, conocido como huachicol, ha dejado de ser un problema distante para convertirse en una cruda realidad que se afianza en Oaxaca. Este delito, catalogado por la DEA como la segunda fuente de ingresos más lucrativa para el crimen organizado, especialmente para los cárteles mexicanos, ha encontrado en la entidad un terreno fértil para su expansión.

Según el documento NDTA 2025 de la DEA, publicado en mayo, las organizaciones criminales están diversificando sus actividades hacia rubros menos violentos pero altamente rentables. 

El huachicol, un flagelo global que ha afectado a regímenes dictatoriales como Siria e Irak, ahora golpea con fuerza a México, con consecuencias devastadoras que generan una dependencia socioeconómica ilícita.

En Oaxaca, el “fantasma del huachicol y huachigas” se ha instalado de manera preocupante, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec debido a su clúster industrial proyectado y el paso de importantes ductos. Sin embargo, no menos grave es la situación en la Mixteca Oaxaqueña, colindante con Puebla. 

Esta zona se ha convertido en un vertedero para el comercio ilícito de gas LP, sustraído de un ducto que conecta Veracruz con Jalisco, pasando por Oaxaca, Puebla e Hidalgo. Cabe destacar que Puebla ocupa el segundo lugar nacional en tomas clandestinas de gas LP.

En este entramado criminal, se señala a organizaciones disfrazadas de movimientos sociales, como Antorcha Campesina, por utilizar concesiones estatales sin regulación alguna, poniendo en riesgo permanente a la población civil al ofrecer un servicio de muy mala calidad.

Como era de esperarse, estas actividades ilícitas no pasan desapercibidas para las grandes organizaciones criminales. Cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, Sinaloa y la Familia Michoacana reciben su cuota, evidenciando los vínculos con actores políticos de antaño y recientes, una conexión que, se dice, se puede rastrear siguiendo el dinero.

La evidencia del huachicol está a la vista de todos: pipas de gasolina que duplican facturas al salir de las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), bodegas clandestinas para el almacenamiento de hidrocarburo robado, la venta de gasolina en bidones en puntos como el “crucero del vidrio”, y el comercio de gas LP en estaciones de carburación piratas. 

Ante esta realidad, las autoridades de los tres órdenes de gobierno parecen guardar un silencio cómplice, ya sea por una presunta incompetencia o, lo que es más grave, por los beneficios económicos que esta actividad ilícita deja “mes con mes, en sobres amarillos, sobre sus escritorios.”

Hace poco, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional actuaron, cerrando tres plantas de Gas Istmeño en Ixtepec, que presuntamente eran surtidas por la empresa “El Gallito” de Matías Romero. 

A pesar de estas acciones, el problema persiste y se agrava, en Salina Cruz, la venta de gas LP no controlado ha incrementado de manera alarmante, incluso a través de redes sociales, sin que las autoridades correspondientes tomen medidas efectivas. 

Esta proliferación de comercio ilegal de hidrocarburos no solo genera pérdidas económicas, sino que representa un grave peligro para la población al no estar regulado ni cumplir con las mínimas normas de seguridad.

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