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El DIF Oaxaca de refugio a “fábrica de explotación”; un año de impunidad y silencio
Se documentan graves denuncias presentadas por trabajadores sindicalizados del Sistema DIF Oaxaca, quienes tras un año de omisiones por parte de las autoridades, mantienen una protesta activa desde hace tres días en las instalaciones estatales.
Mientras el discurso oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Famila (DIF) Oaxaca promueve el bienestar, tras los muros de sus Casas Hogar se ha gestado una red de explotación y corrupción que ha operado impunemente durante más de un año.
Documentos fechados en enero y marzo de 2025, recibidos por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía Anticorrupción, revelan que el organismo encargado de proteger a la niñez se convirtió en una entidad de “servidumbre y negocios privados”.
Hoy, tras tres días de paro total por parte de los trabajadores de base de las delegaciones 4-101, 4-102 y 4-103, ventilan a detalle las denuncias escritas e ignoradas desde el mes de enero del año 2025.
El “caso Jadiel” y su “espacio Luvina”
El paro de los trabajadores inició con la denuncia directa contra Jadiel López Coheto, quien ostenta el cargo de Jefe de Recursos Humanos del DIF Estatal.
Según los testimonios de los trabajadores, López Coheto es propietario de la cafetería denominada “Espacio Luvina”, por lo que valiéndose de su jerarquía administrativa, López Coheto habría empleado a niños, niñas y adolescentes (NNA) albergados en su establecimiento comercial bajo “pésimas condiciones de trabajo”.
Este conflicto de interés no solo viola la ética pública, sino que tipifica el presunto delito de explotación infantil, operado por quien debería velar por la integridad del personal y los tutelados del sistema.
Venta de insumos públicos para ganancias privadas
Los oficios detallan que la Coordinadora de Albergues, Cristina Ramírez Vargas, junto a las jefas de departamento Karina Guadalupe Pineda (Casa Hogar 1) y Luz Gabriela González Pérez (Casa Hogar 2), instauraron una economía informal dentro de los albergues.
Los trabajadores de base denuncian una mano de obra forzada, ya que los NNA son obligados a lavar utensilios de cocina, cargar equipos pesados y preparar alimentos (tacos, chicharrines, tostadas, bistec empanizado) y bebidas (ponche, café, aguas frescas).Estos productos son vendidos en módulos del DIF en el “Parque Primavera” y el Centro de Desarrollo Comunitario “Pilares”.
Mientras que el material y los insumos utilizados pertenecen a los almacenes de las Casas Hogar, destinados exclusivamente a la alimentación de los menores residentes. Se acusa que estos víveres nunca fueron restituidos.
Los empleados señalan que familiares de las funcionarias antes mencionadas eran quienes realizaban los cortes de caja de estas ventas informales.
Violencia en la “Cámara de Gesell”
El maltrato no era solo económico. La denuncia señala directamente a Luz Gabriela González Pérez (quien ya enfrenta la carpeta de investigación 283(FEMCCO)2024 en la Fiscalía Anticorrupción) por ejercer violencia psicológica sistemática.
Se detalla que los menores que se resistían a los trabajos forzados eran amenazados con el abandono emocional: “Estás aquí porque tus papás no te quieren”.
Además, se reporta que las autoridades utilizaban la Cámara de Gesell no para fines periciales, sino para encerrar y privar de la libertad a los menores como medida de castigo.
Outsorcing de menores y violación al Estado Laico
La denuncia expande el alcance de la explotación a terceros. Los menores eran enviados a trabajar a los restaurantes Casablanca y Ramen House, propiedad del Pastor Jorge Silva, hecho que los trabajadores consideran un vínculo que es doblemente grave ya que existe una explotación laboral externa y una violación del Estado Laico.
“Menores bajo tutela del Estado trabajando para un particular. El ingreso de líderes religiosos a los albergues para realizar actividades proselitistas bajo el amparo de la Coordinadora Cristina Ramírez Vargas”, expone la denuncia de seis hojas.
Y agrega el caso de la adolescente Nancy A. P como emblemático. El 13 de enero de 2024, Nancy huyó de su escuela para no regresar al DIF, tras denunciar jornadas excesivas y trabajos físicos pesados en el restaurante Casablanca sin recibir remuneración alguna.
El abandono de las necesidades básicas
Mientras la administración se enfocaba en las ventas, el bienestar real de los niños colapsaba. Cristina Ramírez Vargas es acusada de negar la compra de ropa interior, calzado y artículos de higiene personal, a pesar de existir partidas presupuestales anuales.
Además de confiscar ahorros y becas de los propios menores para comprar material escolar, desviando así el presupuesto oficial etiquetado para ese fin.
Complicidad y amenazas laborales
El personal de base no fue ajeno a este esquema. Se reporta que las trabajadoras de confianza (cocineras e intendentes) eran obligadas a fungir como comerciantes. Ante la negativa, la funcionaria Ana Luisa Sánchez Cruz las amenazaba con el despido de manera violenta.
Asimismo, se señala a Efrén Gordillo Cabrera por utilizar los vehículos oficiales para uso personal y de su pareja sentimental, alterando los reportes de kilometraje y gasolina.
La súplica ignorada de Jaz
El reportaje destaca la actuación de la Procuradora Yarib Hernández García y Alexa Reyes Lavariega, quienes autorizaron el egreso de la adolescente de nombre Jaz . Los testigos afirman que la menor fue entregada a su agresora entre llantos y súplicas, las cuales fueron ignoradas por las funcionarias.
El pliego de exigencias
A un año de estas denuncias ante la DDHPO y la Secretaría de Honestidad y Función Pública, el personal de base exige el cese inmediato de Cristina Ramírez Vargas, Karina Guadalupe Pineda, Luz Gabriela González Pérez y Jadiel López Coheto.
Además de una auditoría pública de las facturas y contratos de insumos de los años 2024 y 2025. Así como una investigación penal sobre el uso de menores en negocios particulares.
La protesta en el DIF Estatal continúa. Los trabajadores advierten que no levantarán el paro hasta que se garantice que el sistema deje de ser una “caja chica” y un centro de explotación a costa de la niñez oaxaqueña.
Exigen al gobernador Salomón Jara Cruz y a la presidenta honoraria del DIF Estatal, Irma Bolaños Quijano, leer las denuncias entregadas a sus oficinas con fecha del 14 de marzo de 2025 a las 13 horas con 41 minutos.
