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Omisión en la DDHPO: Elizabeth Lara guarda silencio ante red de explotación infantil en el DIF Oaxaca
La inacción de Lara Rodríguez resulta alarmante para los manifestantes, considerando que la denuncia detalla tortura psicológica y el uso de la Cámara de Gesell como celda de castigo por parte de Luz Gabriela González Pérez, jefa de la Casa Hogar 2.
A pesar de tener en sus manos expedientes detallados desde hace un año y tras cumplirse tres días de paro total en el Sistema DIF Estatal, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), encabezada por Elizabeth Lara Rodríguez, ha mantenido un silencio respecto a las graves denuncias de explotación laboral y maltrato infantil que pesan sobre directivos de la institución.
Los trabajadores de base, que mantienen tomadas las oficinas revelaron que la Defensoría fue notificada formalmente mediante oficios fechados en enero y marzo de 2025.
En dichos documentos se describe una red de servidumbre donde niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo custodia del Estado eran obligados a trabajar para negocios privados de funcionarios, como la cafetería “Espacio Luvina” de Jadiel López Coheto, Jefe de Recursos Humanos, y los restaurantes del Pastor Jorge Silva.
La inacción de Lara Rodríguez resulta alarmante para los manifestantes, considerando que la denuncia detalla tortura psicológica y el uso de la Cámara de Gesell como celda de castigo por parte de Luz Gabriela González Pérez, jefa de la Casa Hogar 2.
Los testimonios indican que la DDHPO no solo ha fallado en emitir medidas cautelares para proteger a los menores, sino que ha permitido que la impunidad se prolongue por más de 12 meses, dejando a las víctimas a merced de sus presuntos agresores.
El pliego de quejas entregado al organismo defensor también documenta el caso de Nancy A. P., la adolescente que huyó del sistema para escapar de jornadas laborales extenuantes, y la entrega forzada de la menor Jaz a su agresora, autorizada por la procuradora Yarib Hernández.
Ninguno de estos eventos, que constituyen violaciones flagrantes a tratados internacionales y leyes estatales, ha motivado un pronunciamiento o una intervención contundente por parte de la titular de la Defensoría.
