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El silencio oficial que rodea la agresión sexual en el Municipio de Oaxaca: ni Secretaría de las Mujeres ni la DDHPO se han pronunciado
Aunque la inacción de estas dependencias suele justificarse bajo el argumento de la falta de una denuncia formal, sus protocolos internos las obligan a intervenir ante la exposición pública de casos de violencia
A pesar de que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez admitió la separación de un funcionario de su cargo tras ser señalado por agresión sexual, tanto la Secretaría de las Mujeres, que encabeza Rogelia González, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), bajo el mando de Elizabeth Lara Rodríguez, han optado por el mutis.
El incidente, que trascendió durante las primeras horas del lunes 23 de marzo, ha sido ignorado por ambas funcionarias estatales, cuya responsabilidad es la atención inmediata de alertas de violencia de género.
Aunque la inacción de estas dependencias suele justificarse bajo el argumento de la falta de una denuncia formal, sus protocolos internos las obligan a intervenir ante la exposición pública de casos de violencia.
Mientras el Instituto Municipal de la Mujer aseguró que brindará acompañamiento al caso, la ausencia de un pronunciamiento o acción por parte de las instancias estatales deja en vulnerabilidad la ruta de justicia, que deja entre ver una desconexión entre el discurso oficial de protección y la realidad que enfrentan las víctimas.
Por su parte, el colectivo “Violencia por Ser Mujer” calificó como inadmisible que las instituciones encargadas de garantizar espacios seguros se conviertan, por omisión, en el primer solapador de la violencia de género.
Las activistas señalaron que el silencio institucional no solo revictimiza, sino que envía un mensaje de impunidad dentro de la administración pública, donde los entornos laborales deberían ser los primeros en estar libres de agresores.
En el ámbito municipal, el presidente Raymundo Chagoya Villanueva ha evitado fijar una postura personal o política sobre la agresión cometida presuntamente por un miembro de su equipo.
Hasta el momento, el edil se ha limitado a permitir que el asunto se maneje mediante canales institucionales, sin condenar de manera directa los hechos ni ofrecer garantías adicionales de que este tipo de conductas no serán toleradas bajo su gestión.
