Oaxaca: el agua como botín de opacidad y el regreso de los megaproyectos fallidos como Mujer Solteca

El Gobierno de Oaxaca, bajo la administración de Salomón Jara Cruz, parece decidido a repetir los errores del pasado al impulsar el proyecto de la presa “Margarita Maza” (Mujer Solteca) mediante la descalificación y el atropello normativo, señalaron organismos ambientales.

Las recientes declaraciones oficiales que tachan de “políticos” o “protagonistas” a los integrantes del Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA) no son más que una cortina de humo para evadir una realidad incómoda, toda vez que el proyecto carece de la solidez técnica y la transparencia legal que el estado requiere, sentenciaron los activistas.

Agregaron que estigmatizar a 28 organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo estatal no solo vulnera el derecho a la participación pública, sino que pone en riesgo la seguridad de quienes defienden el patrimonio biosocial en una de las regiones más peligrosas para el activismo ambiental

La insistencia en este megaproyecto evoca el fantasma de “Paso Ancho”, aquel fracaso estrepitoso de hace 14 años que dilapidó recursos bajo las mismas promesas de desarrollo, expuso en una misiva OCCAMA.

El gobierno actual soslaya diagnósticos científicos que demuestran que la crisis hídrica en los Valles Centrales no es un problema de falta de presas, sino de una distribución profundamente inequitativa, una infraestructura obsoleta que permite un desperdicio masivo y una gestión ineficaz del servicio. 

Priorizar licitaciones millonarias y obras de cemento por encima de soluciones integrales basadas en la gestión comunitaria y la eficiencia técnica sugiere que el interés primordial no es el abastecimiento de agua, sino el beneficio de empresas particulares mediante asignaciones de obra pública, resultan.

Enfatizaron que es grave que el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, confunda deliberadamente los mecanismos legales de participación. 

Intentar validar el proyecto mediante una “reunión informativa” sin garantías de equidad, mientras se ignora la consulta pública obligatoria y vinculante, es una violación directa al Acuerdo de Escazú y al marco normativo de la SEMARNAT. 

Avanzar con procesos de licitación y contratación de una obra que aún no cuenta con la autorización de impacto ambiental es un acto de ilegalidad institucionalizada que contradice cualquier discurso de transformación y justicia social.

La gestión del agua en el estado no puede seguir siendo un ejercicio de autoritarismo que ignora la ciencia y la ley en favor de la política de relumbrón.