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Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” en la mira por presunta protección a médico agresor
Las activistas alertaron que esta omisión pone en grave riesgo tanto al personal médico femenino y estudiantes de servicio social, como a las propias pacientes que acuden a recibir atención.
El Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” en la mira por la colectiva feminista Marea Lila quien denunció públicamente el presunto encubrimiento y censura por parte de la institución hacia un médico residente de tercer año de anestesiología, señalado por más de 15 mujeres como el principal difusor de contenido íntimo sin consentimiento en grupos de Telegram.
De acuerdo con el comunicado emitido por Marea Lila, tras hacer pública la denuncia en contra del médico Carlos Esteban R., R., las autoridades del hospital civil optaron por eliminar las etiquetas y restringir los comentarios en sus redes sociales en lugar de investigar los señalamientos.
Las activistas alertaron que esta omisión pone en grave riesgo tanto al personal médico femenino y estudiantes de servicio social, como a las propias pacientes que acuden a recibir atención.
La colectiva asegura tener en su poder pruebas que vinculan al residente con conductas de violencia digital, manipulación psicológica y acoso sexual.
Entre las acusaciones más graves destacan las de compañeras del mismo hospital, quienes lo señalan de fotografiar y grabar a pacientes bajo la supuesta justificación de recabar material con fines médicos.
Asimismo, los testimonios recabados por la organización incluyen presuntas conductas de coacción y amenazas de muerte hacia ex parejas para obligarlas a ceder a sus peticiones bajo la advertencia de difundir sus imágenes en redes.
Ante lo que consideran una red de protección institucional, la organización dirigió un llamad al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, para exigir su intervención inmediata y solicitar una audiencia formal para entregar las pruebas recolectadas.
La organización puntualizó que no se trata de difamaciones sin sustento y que se cercioraron de que la información fuera verídica antes de publicarla, por lo que reiteraron que las víctimas merecen justicia y que las instituciones de salud no deben ser refugio de agresores.
