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Familia de “Lugger” acusa al fiscal de Oaxaca de detener a un inocente para calmar presión política tras crimen que alcanzó el gabinete de Salomón Jara
María Elena Sibaja Martínez, madre de Lugger, denunció que la detención fue un acto de brutalidad policial y arbitrariedad jurídica.
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, presumió la captura de L. O. S., alias “Lugger”, como el presunto autor material del triple homicidio ocurrido el pasado 18 de abril en Juchitán de Zaragoza.
En el ataque perdió la vida David López, hijo del subsecretario de Desarrollo Democrático, Angelino López, y sobrino del secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
Aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) calificó la detención como un éxito derivado del uso de tecnología avanzada y la coordinación con fuerzas federales, la familia del detenido sostiene que se trata de una fabricación de culpable para ofrecer resultados inmediatos ante un crimen que golpeó directamente al círculo cercano del gobernador Salomón Jara Cruz.
María Elena Sibaja Martínez, madre de Lugger, denunció que la detención fue un acto de brutalidad policial y arbitrariedad jurídica.
Según su testimonio, el operativo se realizó durante la madrugada del lunes sin que los agentes presentaran una orden de cateo o aprehensión.
La madre del joven detalló que los oficiales irrumpieron con violencia, cubrieron el rostro de los habitantes —incluyendo a menores de edad—, destruyeron cámaras de seguridad y confiscaron teléfonos para evitar cualquier grabación.
Además, subrayó una inconsistencia luego de que los elementos de seguridad preguntaran por una persona llamada “Francisco”, nombre que no corresponde al del joven detenido.
Por su parte, el sello discográfico A$ Record y la comunidad cercana al artista lanzó un llamado urgente a las autoridades para frenar lo que califican como una injusticia.
Describen a Lugger como un profesionista honrado, altruista y un ciudadano ejemplar sin antecedentes de malicia.
En un comunicado oficial, acusaron al Gobierno del Estado de no buscar la verdad, sino de castigar a “quien la pague” con el fin de simular eficiencia en una región donde el “Pacto por la Paz” se vio vulnerado apenas tres días después de su firma.
La defensa y los familiares exigen que el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla presente pruebas reales y no sacrifique la integridad de un inocente para mitigar el costo político de la violencia en el Istmo.
