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La “captura” del Mayo Zambada fractura la confianza entre México y EE. UU.: ¿Quién miente?
El detonante: La exhibición del avión en un museo de Nuevo México
La detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, se ha convertido en el punto de fricción diplomática más crítico entre México y Estados Unidos en la última década.
Lo que inicialmente fue presentado por Washington como una entrega voluntaria y un éxito de inteligencia, se ha transformado en un laberinto de contradicciones que ahora involucra a la presidenta Claudia Sheinbaum, al exembajador Ken Salazar y a la Fiscalía General de la República (FGR), poniendo en tela de juicio la soberanía nacional y la ética de las agencias estadounidenses.
La ruptura de la narrativa: ¿Entrega o secuestro?
Desde el primer momento, las versiones del operativo fueron divergentes. Mientras autoridades estadounidenses sostenían que Joaquín Guzmán López —alias “El Güero”— engañó a Zambada para trasladarlo a territorio texano donde fue detenido, la defensa del capo y diversas fuentes mexicanas denunciaron una emboscada: un secuestro violento en suelo mexicano donde Zambada fue sedado y forzado a subir a la aeronave Beechcraft King Air.
En 2025, el propio Guzmán López se declaró culpable en Chicago, admitiendo el secuestro, aunque el gobierno de EE. UU. ha insistido en que nunca solicitó, indujo o aprobó tales métodos, marcando una línea de separación entre la acción de los hijos de “El Chapo” y sus propias agencias.
El detonante: La exhibición del avión en un museo de Nuevo México
La tensión escaló el pasado mes de julio, tras revelarse que la aeronave utilizada en el traslado fue exhibida en un museo en Nuevo México como parte de un operativo oficial del FBI.
Este acto fue percibido por el gobierno de Claudia Sheinbaum como una provocación y una contradicción insostenible. La presidenta ha cuestionado directamente la integridad de las declaraciones del exembajador Ken Salazar.
Sin embargo, en su declaración de las últimas horas el exembajador dijo: “Comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”.
Ante la evidencia pública que presume la participación activa del FBI, Sheinbaum ha exigido explicaciones claras, subrayando que cualquier operativo extranjero ejecutado en territorio nacional sin coordinación constituye una violación a la soberanía que no puede ser ignorada.
La respuesta de Ken Salazar y el cruce de acusaciones
En una entrevista reciente con Ilia Calderón, Ken Salazar intentó contener el daño diplomático asegurando que el Gobierno de México tuvo, en su momento, acceso total a la aeronave en El Paso, Texas, buscando desestimar las acusaciones de ocultamiento.
Sin embargo, esta versión ha sido insuficiente para calmar los ánimos en Palacio Nacional. Mientras Salazar sostiene que la información proporcionada fue siempre la disponible y transparente, el gobierno mexicano percibe una narrativa diseñada para evitar la responsabilidad política de haber orquestado una operación unilateral en territorio soberano.
La postura de la FGR y el peso del Derecho Internacional
Por su parte, la FGR ha elevado el tono del conflicto al señalar que Ken Salazar pudo haber vulnerado principios fundamentales del derecho internacional. Aunque el funcionario de la FGR, Raúl Jiménez, aclaró que las consecuencias no serían de carácter penal contra el exembajador, enfatizó que sí se derivan responsabilidades conforme a los tratados internacionales vigentes.
La Fiscalía insiste en esclarecer quiénes fueron los actores reales detrás del traslado, denunciando una falta de colaboración que obstruye la justicia mexicana. Para la FGR, el caso no se limita a la detención de un capo, sino al precedente de que ciudadanos mexicanos puedan ser sustraídos mediante la fuerza o el engaño en operativos donde agencias extranjeras parecen haber actuado con total impunidad.
El epílogo judicial y el impacto en el Cártel de Sinaloa
Mientras el debate diplomático se intensifica, el futuro legal de Zambada está prácticamente sellado. Tras declararse culpable en agosto de 2025 de dirigir una empresa criminal durante 35 años y de cargos de conspiración RICO, el otrora “intocable” del narcotráfico espera una sentencia de cadena perpetua para este 20 de julio de 2026.
