Fallas algorítmicas y vulneración de datos acorralan al programa “Mi Derecho, Mi Lugar” en Oaxaca

Anunciado como una transformación histórica para la garantía del acceso universal a la educación media superior en Oaxaca, el programa “Mi Derecho, Mi Lugar” prometió el fin de los exámenes de admisión, la eliminación del promedio mínimo y la reserva de un espacio para todos los egresados de secundaria.

Esto se lograría mediante un sistema de asignación basado en la cercanía geográfica, las condiciones socioeconómicas y la equidad de género. Con una oferta superior a los 60 mil espacios en siete subsistemas educativos, el Gobierno estatal presentó el proyecto como un modelo de justicia educativa. 

No obstante, su primera aplicación dejó al descubierto fallas que hoy ponen en entredicho la eficacia, la transparencia y la capacidad institucional con la que fue implementado.

La principal herramienta del programa, un algoritmo responsable de la distribución de los espacios disponibles, se convirtió en uno de sus mayores puntos de cuestionamiento. 

En lugar de asegurar la cercanía entre el domicilio de los estudiantes y el plantel asignado, el sistema envió a numerosos aspirantes a instituciones ubicadas a varias horas de sus comunidades.

Esta situación elevó los costos de traslado, incrementó los riesgos de seguridad y multiplicó la posibilidad de abandono escolar. Hasta ahora, las autoridades educativas no han transparentado el funcionamiento del sistema ni han explicado por qué, a pesar de que los estudiantes tenían la posibilidad de elegir hasta tres opciones de plantel, miles terminaron en escuelas alejadas de sus lugares de origen.

Las inconsistencias del programa no terminaron en la fase de asignación. En pleno proceso de ingreso se difundieron en plataformas digitales listados con las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de miles de aspirantes —entre ellos varios menores de edad—, lo que dejó al descubierto una grave deficiencia en el resguardo de datos personales.

La filtración expuso información sensible de los estudiantes y abrió cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad que aplicaron las autoridades educativas, en un procedimiento que debía asegurar tanto el acceso a la educación como la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Lejos de consolidarse como el modelo de acceso equitativo anunciado en abril pasado, “Mi Derecho, Mi Lugar” enfrenta su primera crisis de credibilidad.

La falta de transparencia sobre los criterios de asignación, la ausencia de respuestas claras frente a las inconformidades, los errores en la operación del sistema y la exposición masiva de datos personales convirtieron una política pública —diseñada para la ampliación de oportunidades educativas— en un programa bajo fuerte escrutinio social, expuso Lupita madre de familia de Cuilápam de Guerrero.