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Fernanda Chávez justifica fallas en “Mi derecho, mi lugar” y promete corregir el algoritmo para el próximo ciclo
Bajo un discurso centrado en el 95% de asignaciones en primera opción, la titular de Educación en Oaxaca, Magdala Fernanda Chávez Cruz, intentó contener la ola de indignación provocada por un sistema que expuso la CURP de los aspirantes, saturó planteles clave y envió a cientos de jóvenes a escuelas lejanas a sus comunidades.
El debut del programa federal “Mi derecho, mi lugar” en Oaxaca —diseñado para asignar espacios en educación media superior sin examen de admisión— quedó marcado por la improvisación, la vulneración de datos personales y un algoritmo opaco que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo que admitir que corregirá para el próximo ciclo.
En un intento por sofocar las protestas de madres y padres de familia, la secretaria de Educación Pública del estado, Magdala Fernanda Chávez Cruz, recurrió a la estadística oficial para justificar el proceso: 31 mil 596 jóvenes asignados, de los cuales el 95.54% habría obtenido su primera opción.
Sin embargo, las cifras frías contrastan con la realidad operativa que la propia funcionaria terminó por reconocer.
Vulneración de datos e improvisación jurídica
Uno de los puntos más graves del proceso fue la publicación sin resguardo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de miles de aspirantes.
Aunque Chávez Cruz argumentó que el procedimiento contó con la revisión de la CEPEMS, subsistemas, jurídicos y un notario público, admitió que las listas difundidas tuvieron que ser retiradas y modificadas a posteriori por orden de las áreas legales.
La rectificación posterior evidencia que el mecanismo arrancó sin los protocolos elementales de protección de datos personales.
Estudiantes desplazados e infraestructura a marchas forzadas
El automatismo del algoritmo federal dejó al descubierto la falta de planeación territorial. Al menos 1,380 estudiantes no obtuvieron su primera opción y 672 casos están bajo “revisión” tras haber sido asignados a planteles ubicados en comunidades distantes a sus hogares, afectando principalmente a familias de los subsistemas COBAO en Xoxocotlán, Pueblo Nuevo y San Bartolo Coyotepec.
En lugar de prever la demanda real antes de la distribución, la SEP utilizó el proceso como un diagnóstico tardío: la funcionaria anunció que hasta ahora se evaluará la apertura de turnos vespertinos o mixtos, la construcción de aulas y la ampliación de infraestructura para intentar dar cabida a los jóvenes excluidos de sus zonas de origen.
Minimización del reclamo social
Frente al descontento manifestado en redes sociales y calles, la respuesta institucional optó por la descalificación. Chávez Cruz restó validez a los reclamos digitales al señalar que diversos perfiles “no acudieron a la dependencia ni respondieron a los llamados”, esquivando la responsabilidad sobre la falta de canales ágiles y eficientes de atención ciudadana que obligaron a las familias a hacer públicas sus exigencias.
La defensa del sistema concluyó con la promesa de “incorporar nuevas variables” al algoritmo en el siguiente ejercicio, una admisión implícita de que la herramienta utilizada este año resultó deficiente para reflejar las dinámicas demográficas y de movilidad de las juventudes oaxaqueñas.
