Destacado
Asesinan a balazos a Humberto García Cruz, defensor comunitario en Oaxaca
La violencia contra quienes defienden el territorio y los derechos humanos en Oaxaca cobra otra vida.
Oaxaca vuelve a registrar el asesinato de una persona vinculada con la defensa comunitaria. Humberto García Cruz, defensor originario de Santa Cruz Itundujia, Putla de Guerrero, fue asesinado a balazos cuando regresaba de su parcela, en un nuevo hecho de violencia que golpea a quienes realizan trabajo comunitario y acompañamiento en la región.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 21 de septiembre, en el paraje Pie de la Peña, en la zona de Morelos Itundujia. García Cruz había acudido a su parcela acompañado de su esposa y, cuando ambos regresaban y se disponían a abordar su camioneta, un hombre abrió fuego. El defensor recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), García Cruz participaba en asuntos comunitarios y acompañaba a personas que enfrentaban presuntas violaciones a sus derechos ante distintas instituciones. En 2022 formó parte del proceso de formación para defensoras y defensores comunitarios “Tejiendo Brechas”.
El homicidio ocurre mientras organizaciones civiles advierten que defender derechos, territorio y asuntos comunitarios en Oaxaca continúa implicando riesgos. EDUCA documentó 33 asesinatos de personas defensoras durante el gobierno de Salomón Jara Cruz, entre diciembre de 2022 y abril de 2026; el Gobierno de Oaxaca ha cuestionado esa cifra.
Y apenas hace una semana, el 16 de septiembre, el profesor, defensor comunitario y promotor de la lengua triqui Misael Hernández Mendoza fue atacado a balazos junto con su hija de tres años en San Andrés Chicahuaxtla, también en el municipio de Putla Villa de Guerrero. Ambos resultaron gravemente heridos. Organizaciones de derechos humanos exigieron a la Fiscalía una investigación exhaustiva y medidas de protección para la familia. (EDUCA)
En este escenario, el CEDHAPI exigió esclarecer el asesinato de García Cruz, identificar y detener a los responsables y garantizar protección para su familia. El reclamo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las organizaciones defensoras han planteado de manera recurrente: ¿qué está haciendo el Estado para evitar que la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario sigan convirtiéndose en una actividad de riesgo en Oaxaca?
