Destacado
Nómina de aviadores del IEEPO cimbra al país: Red de Juchitán operaba con recursos públicos
El discurso de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” choca de frente con los registros de nómina que hoy colocan bajo la lupa al IEEPO y a una parte de la estructura política de Juchitán.
Tras la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, una revisión de información de transparencia exhibe a regidores, funcionarios municipales, familiares y personas vinculadas con su grupo político que aparecen también cobrando del erario estatal.
La existencia de dobles registros comprueba la simulación y exige que las autoridades deslinden responsabilidades de inmediato.
Entre los casos documentados aparece Amable Queto Sánchez Altamirano, hermana del alcalde detenido y vinculada con la organización La Populosa, quien figura como personal administrativo del IEEPO con una percepción reportada de 17 mil 526 pesos mensuales.
También aparece José Alfredo Nicolás Vera, regidor de Energías Renovables y Gestión Social, con una plaza docente y un salario bruto de 19 mil 388 pesos; Rosa Elvia Jiménez López, regidora de Bienestar, con percepciones reportadas tanto en el IEEPO como en el Ayuntamiento; y Zoila Gómez Cabrera, síndica procuradora, registrada como docente del instituto.
El caso de Fernando Santos Villalobos también llama la atención: quien ocupa la Secretaría Municipal de Juchitán aparece en los registros del IEEPO como personal administrativo con una percepción de 17 mil 559 pesos mensuales. A la lista se suma Fátima Rafaeli López Martínez, esposa de Mariano Rosado López, quien aparece con una plaza administrativa y un sueldo reportado de 17 mil 526 pesos. Y Silas Orlando Carrasco Hernández, regidor de Turismo, figura además como auxiliar en la Secretaría de Movilidad, con una percepción mensual reportada de 10 mil 214 pesos.
También aparece Francisco Javier Esteva Guerra, quien desempeña funciones dentro del Ayuntamiento de Juchitán y figura en la nómina del IEEPO con una plaza de oficial de servicios, vinculada a la secundaria para trabajadores Ignacio Ramírez, en Tlaxiaco, con un salario bruto reportado de 17 mil 526 pesos mensuales. El plantel se ubica a unos 440 kilómetros de Juchitán, lo que confirma el cobro ilegal sin presencia laboral.
Pero la revisión de nóminas no se queda en los funcionarios juchitecos. Diego Moisés Pérez de la Cruz, titular de Mi Primera Chamba y ex presidente municipal de Cuilápam, aparece en registros difundidos con percepciones acumuladas de alrededor de 165 mil pesos mensuales, provenientes del IEEPO y de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión. De acuerdo con esa información, solo sus percepciones reportadas en el IEEPO rondan los 77 mil pesos mensuales.
El patrón que se denuncia en las publicaciones incluye además nombres como Rolando Algarín Sánchez, Ulises Gómez Regalado, José Fabián Guerra Mendoza y Héctor Linares Vásquez, asociados a plazas del IEEPO con percepciones cercanas a los 17 mil 500 pesos mensuales. La acusación confirma la existencia de plazas sin centro de trabajo identificado.
A ellos se suma la textil muxe Elvis Guerra quien confirmó un sueldo de siete mil 700 quincenales con un plaza temporal, según su declaración.
El escándalo de la nómina de aviadores del IEEPO ha alcanzado una dimensión a nivel nacional, exponiendo la magnitud de la corrupción en el sistema educativo oaxaqueño.
El Gobierno de Oaxaca debe demostrar con documentos dónde están los centros de trabajo, qué horario cumplen, qué funciones realizan y quién certifica la asistencia.
No existe compatibilidad legal entre los cargos municipales y las plazas estatales; se trata de un cobro indebido que exige recuperar los recursos públicos desviados.
La lupa alcanza directamente al IEEPO y a Emilio Montero Pérez, exalcalde de Juchitán, político ligado no solo en amistad sino en posibles negocios con el edil detenido.
Porque mientras desde Morena se repite el “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, las bases de transparencia exhiben nombres, plazas y percepciones que exigen una explicación pública y sanciones penales.
Después de la detención de “Quetu”, la investigación sobre su entorno alcanza las nóminas del instituto. La revisión confirma que las plazas fueron utilizadas como cuotas políticas para consolidar una red de corrupción con recursos públicos destinada a sostener lealtades.
