Destacado
Apuntan a exdirector de Transparencia en Oaxaca por venta de padrones y favores a constructora “fachada”
Entre las presuntas irregularidades documentadas destaca un contrato adjudicado en 2025 por el organismo Vivienda Bienestar, por un monto superior a los tres millones de pesos.
Constructores independientes del estado de Oaxaca denunciaron una presunta red de corrupción y favoritismo en la asignación de obra pública, la cual involucra el otorgamiento de contratos millonarios a una empresa fachada y señalamientos directos contra un exfuncionario de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
De acuerdo con la documentación presentada por los denunciantes, la firma beneficiada es Puxtla Maquinaria y Construcciones S.A. de C.V., una compañía irregular que carece de solvencia económica y capacidad técnica probada, cuyo domicilio fiscal registrado en San Jerónimo Tlacochahuaya corresponde en realidad a un terreno baldío.
Los señalamientos apuntan hacia Diego Javier Carreño López, exdirector jurídico de la mencionada dependencia estatal, cuya salida del cargo estuvo envuelta en acusaciones de corrupción.
Según los constructores, el exfuncionario presuntamente cobraba montos de hasta medio millón de pesos para autorizar inscripciones en el Padrón de Proveedores y Contratistas bajo la Clasificación A, mecanismo que habría facilitado el ingreso de firmas de papel o ficticias para acceder a fondos del erario.
Ante estos hechos, el gremio exigió al gobernador Salomón Jara Cruz ordenar una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.
Entre las presuntas irregularidades documentadas destaca un contrato adjudicado en 2025 por el organismo Vivienda Bienestar, por un monto superior a los tres millones de pesos.
En el acta de fallo de dicha licitación pública, Puxtla Maquinaria y Construcciones figuró como el único participante evaluado, situación que enciende las alarmas sobre una posible simulación de competencia para favorecer directamente a la constructora.
Frente a este escenario, los denunciantes exigieron a las autoridades estatales transparentar de inmediato el expediente completo de la empresa. Solicitaron esclarecer quién validó sus estados financieros, quién certificó su capacidad técnica y quién autorizó su alta en el padrón estatal, enfatizando que los contratos millonarios exigen máxima transparencia y no expedientes fuera del escrutinio público.
