El Istmo de Tehuantepec sitiado y la sombra del “Comandante Cromo”

La región del Istmo de Tehuantepec atraviesa una de sus peores crisis de seguridad, con Juchitán de Zaragoza como epicentro de una violencia que, según múltiples reportes y fuentes locales, expone el profundo fracaso de la estrategia de seguridad y la presunta complicidad entre actores políticos y el crimen organizado.

​Los recientes hechos violentos, que incluyen el impactante asesinato de una menor de edad, han conmocionado a la población y evidencian un control territorial por parte de células delictivas que parecen actuar con impunidad.

​Diversos testimonios y versiones extraoficiales señalan que el clima de violencia que azota al municipio zapoteco no es casual, sino el resultado de estructuras criminales arraigadas que operan bajo una presunta red de protección política.

​En el centro de las acusaciones figuran los exalcaldes Emilio Montero Pérez y Miguel Sánchez Altamirano, quienes presuntamente estarían ligados a Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “El Comandante Fallo”, quien habría tejido una extensa red de control desde la clandestinidad.

​Según estas versiones, durante la administración de Montero Pérez, se habrían pactado acuerdos con grupos como el denominado Cártel del Rencu. Estos pactos presuntamente incluyeron el suministro de armamento, recursos económicos y el uso de la propia Policía Municipal como cuerpo de apoyo a cambio de permitir la libre operación del crimen en la región.

​El objetivo central de esta supuesta colusión sería garantizar la influencia y el control sobre la zona estratégica del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto federal de infraestructura clave.

​Desde el inicio de las obras del CIIT, se ha reportado que empresas constructoras y trabajadores han sido sistemáticamente objeto de extorsión y cobro de “cuotas” por parte de grupos criminales, quienes han llegado a imponer tarifas basadas en el volumen de material movilizado en la zona.

​Paralelamente, el clima de ingobernabilidad ha propiciado un incremento alarmante en actividades ilícitas como el trasiego de drogas, narcomenudeo, trata de personas y tráfico de migrantes.

​Las denuncias apuntan a que el actual edil, Miguel Sánchez Altamirano, habría replicado las mismas prácticas de protección a grupos delictivos, utilizando como fachada a organizaciones de mototaxistas y supuestos movimientos sociales para consolidar este control.

​El actual terror en la zona está ligado directamente a la figura de “El Comandante Cromo”, uno de los operadores más violentos de la región. Versiones extraoficiales señalan al comandante Jorge Santiago Villalobos como el presunto responsable de brindarle protección, lo que explicaría la falta de resultados concretos en los operativos para la captura de los principales generadores de violencia.

​La descomposición de la seguridad alcanzó un punto crítico con el reciente asesinato de una menor de edad, un crimen en el que presuntamente participaron integrantes de la célula de “Cromo”. Reportes extraoficiales indican que los responsables, identificados con los alias de “Chente Gato”, “Mando Coneja” y “La Güera”, habrían actuado bajo la protección de funcionarios municipales y utilizando vehículos oficiales asignados, un detalle que ha generado la mayor indignación pública.

​Expertos en seguridad advierten que mientras los vínculos entre las autoridades locales y los grupos criminales permanezcan intocados, la paz será inalcanzable, independientemente de los operativos de seguridad anunciados. Juchitán y el Istmo continúan inmersos en una crisis que exige una intervención inmediata y depuración de las instituciones.