Política
Impunidad y negligencia: El grito de justicia de las mujeres frente al gobierno de Salomón Jara que suma 305 feminicidios
En lo que va del sexenio de Salomón Jara Cruz las cifras son alarmantes, ya que se han registrado 305 feminicidios y mil 257 desapariciones de mujeres, lo que evidencia un estado donde la vida de las ciudadanas parece haber perdido todo valor para las instituciones.
La administración de Salomón Jara Cruz enfrenta una crisis de legitimidad ante la creciente ola de violencia feminicida en Oaxaca, donde intentar acceder a la justicia se ha convertido en un calvario burocrático marcado por la simulación y la revictimización.
Colectivas como Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad, Consorcio Oaxaca y Ges Mujer denuncian que la impunidad, que supera el 95% en delitos de género en México, es la verdadera medida del nulo compromiso gubernamental.
En lo que va del sexenio de Salomón Jara Cruz las cifras son alarmantes, ya que se han registrado 305 feminicidios y mil 257 desapariciones de mujeres, lo que evidencia un estado donde la vida de las ciudadanas parece haber perdido todo valor para las instituciones.
La tragedia ocurrida en el albergue Casa Pato del DIF Oaxaca, donde dos niñas migrantes haitianas perdieron la vida, se ha convertido en el símbolo más doloroso de la negligencia criminal, el racismo y la corrupción que imperan en el sistema.
Para las organizaciones sociales, estas muertes no son accidentes, sino el resultado de un racismo estructural que margina y violenta de manera diferenciada a mujeres indígenas, negras y migrantes.
Esta violencia institucional, lejos de proteger a quienes están bajo su resguardo, perpetúa un sistema que considera los cuerpos y territorios de las mujeres como objetos desechables y prescindibles.
La indignación se ha intensificado tras el feminicidio de la maestra Zeltzin Rubí Ortiz en la Sierra Juárez, un caso que exhibe la falla de la Fiscalía General del Estado.
A pesar de que en enero de 2026 el Congreso de Oaxaca aprobó un exhorto para que toda muerte violenta de una mujer se investigue inicialmente como feminicidio, las autoridades iniciaron el proceso bajo el protocolo de homicidio.
Esta omisión institucional no solo contradice los mandatos legales, sino que profundiza la desconfianza en un sistema de justicia que, por negligencia o dolo, continúa enviando un mensaje de permisividad a los agresores.
Ante este escenario, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) y otras colectivas exigen una rendición de cuentas inmediata y el cese de la cooptación de sus narrativas por parte del poder.
Las activistas sostienen que sus feminismos no se venden a partidos políticos ni se someten a agendas oficiales que solo simulan avances mientras la violencia se desborda en las calles.
