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Con bloqueos, comunidades indígenas presionan al TSJ por recursos y sentencias pendientes
La protesta también visibilizó acusaciones sobre la gestión de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Érica Rodríguez Rodríguez
Integrantes de seis comunidades indígenas adheridas al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca, al cerrar momentáneamente la circulación vehicular en el cruce de las calles Sabinos y Heroico Colegio Militar.
Los manifestantes denunciaron que el TSJ ha sido omiso e incompetencia, al impedir que las agencias municipales reciban los recursos económicos que legalmente les corresponden.
Según los inconformes, aunque cuentan con resoluciones judiciales a su favor, la Quinta Sala Penal se niega a ejecutarlas bajo el pretexto de conflictos políticos, generando un vacío jurídico que perpetúa la falta de fondos en las comunidades.
Durante la jornada de protesta, los representantes de San José Xochixtlán, El Ojite, San Isidro Vista Hermosa, La Luz, San Juan Jicayán y Santiago Xochiltepéc exigieron a la presidenta de la Quinta Sala Penal, Margarita Gopar, que deje de eludir su responsabilidad.
Los manifestantes señalaron que existen más de 150 agencias en todo el estado que enfrentan la misma problemática y que, pese a tener sentencias ganadas, el tribunal ha sido incapaz de obligar a los municipios a cumplir con la entrega de recursos.
De acuerdo con los voceros, la Sala Indígena ha perdido su razón de ser, pues al declarar que los casos son “problemas políticos”, se desentiende de su función jurisdiccional fundamental.
El descontento alcanzó también al Poder Ejecutivo estatal, con señalamientos directos al secretario de Gobierno, Jesús Romero.
Los integrantes del CODEP denunciaron que ha implementado una política de contención y represión, recordando la violencia ejercida por grupos antimotines contra la Alianza de Pueblos el pasado 16 de marzo.
A decir de los manifestantes, este “letargo” institucional y la falta de voluntad política buscan desgastar a las comunidades y desviar la atención de sus necesidades fundamentales mediante tácticas de intimidación.
La protesta también visibilizó acusaciones sobre la gestión de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Érica Rodríguez Rodríguez, a quien señalaron por permitir actos de corrupción dentro del sistema judicial.
Los denunciantes expusieron que, mediante “artimañas” legales, el tribunal estaría intentando liberar a agresores involucrados en delitos graves, como feminicidios —citando el caso de Maribel Ruiz en Santa María Zacatepec— y violaciones sexuales contra menores.
Según los afectados, el tribunal privilegia la impunidad sobre la justicia, ignorando las pruebas presentadas y forzando a las víctimas y sus familias a situaciones de desplazamiento y persecución constante.
