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Asesinan a exalcalde de San Juan Quiahije y a su hijo; suman cuatro ataques en cinco días

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Asesinan a exalcalde de San Juan Quiahije y a su hijo; suman cuatro ataques en cinco días

Con el fallecimiento del ex alcade y su hijo, el saldo acumulado de estas agresiones en el último año alcanza las nueve víctimas mortales.

La ola de violencia nuevamente sacude la entidad oaxaqueña con el asesinato de Carlos Orocio Cruz, quien se desempeñó como presidente municipal de San Juan Quiahije en el periodo 2023-2025, y de su hijo, Celestino Orocio Cruz. 

El ataque armado ocurrió mientras ambos se encontraban en una obra en construcción en el paraje “Camino a San José Ixtapam”, en la localidad de Cieneguilla. 

La autoridad municipal de San Juan Quiahije condenó el atentado, calificándolo como una prueba de que la violencia en la entidad ha rebasado los límites tolerables.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, ha iniciado una carpeta de investigación por este doble homicidio. 

Este atentado se suma a una racha de agresiones contra figuras políticas en el estado, sumando cuatro ataques directos en apenas cinco días.

El pasado 10 de junio, la militante del PRD, Isela Lizbeth González López, fue asesinada en Pinotepa Nacional; al día siguiente, el alcalde de Miahuatlán, César Figueroa Jiménez, sobrevivió a una agresión armada; y el 13 de junio, el munícipe de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, fue ejecutado tras haber denunciado amenazas.

La inseguridad que azota a la clase política oaxaqueña ha mantenido una tendencia constante desde el año pasado, con casos de alto impacto que permanecen sin detenidos, como los asesinatos de los alcaldes de Santiago Amoltepec y San Mateo Piñas en 2025. 

Con el fallecimiento del ex alcade y su hijo, el saldo acumulado de estas agresiones en el último año alcanza las nueve víctimas mortales y dos personas heridas, lo que ha elevado la presión de diversos sectores sociales y políticos hacia el Gobierno del Estado para implementar estrategias efectivas que frenen la violencia y garanticen la seguridad en la región.

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