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No cesa la violencia contra ediles en Oaxaca; muere alcalde de San Miguel Yogovana tras enfrentamiento
Continúan las agresiones contra autoridades municipales de Oaxaca
El asesinato del primer alcalde de San Miguel Yogovana, Eduardo S., quien fue ejecutado de un disparo tras enfrentar a un grupo delictivo en la Sierra Sur, se convierte en el episodio más reciente de una crisis de inseguridad que azota a la clase política oaxaqueña.
La Fiscalía General del Estado (FGEO) informó que, tras la agresión ocurrida durante la madrugada cuando el edil realizaba labores de vigilancia, ya han sido identificados los probables responsables, lográndose además la captura de dos presuntos implicados y el aseguramiento de un tercer agresor que permanece hospitalizado bajo custodia.
Este hecho se inscribe en una racha de violencia en las últimas semanas, toda vez que a mediados de junio otro hecho sangriento fue documentado tras el doble asesinato de Carlos Orocio Cruz, exalcalde de San Juan Quiahije, y de su hijo, Celestino Orocio Cruz, quienes fueron acribillados en una obra en construcción en la localidad de Cieneguilla.
Este atentado consolidó una tendencia preocupante en la que se registraron cuatro ataques directos contra figuras públicas en apenas cinco días, iniciando el 10 de junio con el homicidio de la militante perredista Isela Lizbeth González López, seguido por el atentado contra el alcalde de Miahuatlán, César Figueroa Jiménez, y la ejecución del munícipe de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez.
La acumulación de estos eventos ha elevado la presión sobre la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, pues el saldo total de agresiones contra representantes municipales y actores políticos en el último año asciende a nueve víctimas mortales y dos personas heridas.
La preocupación social se intensifica ante la falta de resultados concretos en casos previos, como los homicidios de los alcaldes de Santiago Amoltepec y San Mateo Piñas perpetrados en 2025, los cuales permanecen sin detenidos.
Ante este escenario de impunidad, diversos sectores sociales han exigido la implementación de estrategias efectivas que garanticen la seguridad en las regiones y frenen la ola de violencia que mantiene en vilo a las autoridades comunitarias.
