Sin asumir culpa ni renunciar: titular de la DDHPO ofrece “coraje” a la prensa tras asesinato de Alejandro Leyva, quien alertó de amenazas en febrero

A nueve días del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, salió a defender la postura de la institución tras las críticas y posibles omisiones señaladas en el caso.

Cuestionada directamente sobre en qué falló el organismo a su cargo, la servidora pública atajó que la Defensoría hizo mucho más de lo que sus atribuciones le permiten de manera legal.

Durante su intervención, deslindó de cualquier negligencia a la DDHPO y a su persona al reiterar que tiene “la cara y las manos más que limpias”, dirigiendo la responsabilidad hacia la FGR y FGEO.

A pregunta expresa de un reportero sobre si ha considerado dejar el cargo ante lo sucedido, la Ombudsperson evadió ofrecer una respuesta concreta sobre su separación del organismo y, en su lugar, declaró ante los medios que ofrece su empatía y su “coraje” a la prensa.

Para respaldar su defensa frente a las acusaciones de omisión, Lara Rodríguez hizo uso de capturas de pantalla y argumentó que la institución se vio limitada para actuar o difundir más detalles por razones de secrecía y seguridad del comunicador.

No obstante, la reconstrucción de los hechos expuesta por la propia titular exhibió una red de inconsistencias y fallas sistemáticas entre las autoridades estatales, federales y el órgano autónomo.

Según lo expuesto, Leyva acudió a la DDHPO desde el 14 de julio de 2025 tras recibir las primeras amenazas. A partir de esa fecha, la Defensoría aseguró haber requerido en cinco ocasiones a la fiscalía de Oaxaca la emisión de medidas de protección, además de solicitar en tres momentos al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas su incorporación urgente a un esquema de seguridad.

En el deslinde de responsabilidades, agregó que irregularidades en el manejo del expediente entre fiscalías. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo haber declinado la competencia del caso para turnar la carpeta de investigación a la Fiscalía de Oaxaca.

La situación se agravó en febrero de 2026, cuando el periodista volvió a notificar que persistían las intimidaciones y proporcionó números telefónicos desde donde era acosado, datos que fueron certificados por la Defensoría para insistir ante el Mecanismo Federal, el cual no emitió respuesta.

El crimen contra el comunicador deja al descubierto el desamparo que enfrentan los periodistas en la entidad y desmiente el discurso oficial sobre las condiciones de seguridad en Oaxaca.

Mientras el secretario de Gobierno, Jesús Romero López suele destacar bajas cifras en los indicadores de incidencia delictiva para posicionar a la entidad entre las más seguras del país, organizaciones nacionales ubican a Oaxaca en los primeros lugares por violencia contra la prensa y defensores de derechos humanos.

El caso demuestra que la falta de articulación y la respuesta tardía entre dependencias dejan de ser simples fallas administrativas para convertirse en negligencias con consecuencias fatales.