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Tras más de 15 años en prisión, liberan al activista Pablo López Alavez; exigen su absolución total
A lo largo del proceso penal, la justicia omitió valorar pruebas de descargo que demostraban que el activista se encontraba en un lugar distinto cuando ocurrieron los hechos imputados.
Tras haber permanecido privado de su libertad de manera arbitraria durante 15 años, siete meses y 12 días, el defensor indígena del bosque Pablo López Alavez fue puesto en libertad tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
La decisión judicial reconfiguró la calificación jurídica del caso y reajustó su condena a 15 años y tres meses de prisión por el delito de homicidio simple, término que la autoridad dio por cumplido al computar el tiempo que el activista pasó recluido.
Aunque fue excarcelado el 27 de marzo de 2026, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil hicieron pública la noticia hasta este 18 de agosto debido a estrictas razones de seguridad y para resguardar la integridad del defensor zapoteco.
La detención de López Alavez ocurrió el 15 de agosto de 2010, cuando fue interceptado sin orden de aprehensión y torturado por un grupo armado como represalia a su labor ambiental en la comunidad de San Isidro Aloapam, Oaxaca.
A lo largo del proceso penal, la justicia omitió valorar pruebas de descargo que demostraban que el activista se encontraba en un lugar distinto cuando ocurrieron los hechos imputados.
Este encarcelamiento provocó además el desplazamiento forzado de su familia por amenazas constantes, obligándolos a un desarraigo comunitario, al aprendizaje forzado del español y a enfrentar padecimientos de salud crónicos bajo el resguardo de medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Pese a que la liberación representa un logro atribuido al acompañamiento constante de colectivos y a la perseverancia de su esposa, la defensora Yolanda Pérez Cruz, la lucha legal continúa.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales —entre las que destacan Consorcio Oaxaca, EDUCA, SERAPAZ, Front Line Defenders y la Organización Mundial Contra la Tortura— remarcaron que el Estado mexicano sigue sin acatar plenamente las recomendaciones vertidas en 2017 y 2020 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y relatores de la ONU, quienes concluyeron que la privación de libertad respondía exclusivamente a su labor de protección del territorio.
Ante este panorama, las agrupaciones firmantes hicieron un llamado al Poder Judicial Federal y al Estado mexicano para revocar definitivamente la condena y dictar una sentencia absolutoria formal que detenga la criminalización de la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, exigieron que se investigue y sancione a las autoridades responsables de las violaciones cometidas, que se implemente una reparación integral del daño, y que se aseguren medidas de protección efectivas y garantías contundentes de no repetición para Pablo López Alavez y su entorno familiar.
