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Jesús Romero investiga a periodista ante la Fiscalía; le piden indagar denuncias en su contra pese a carecer de facultades de protección
Artículo 19 llama a las autoridades de Oaxaca a no caer en actos que vulneren la libertad de expresión
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), encabezada por Jesús Romero López, concentra los señalamientos de hostigamiento, intimidación y falta de garantías contra la prensa crítica en la entidad, a pesar del discurso oficial de apertura y respeto a la libertad de expresión pregonado en mesas de trabajo con el gremio.
Esta actuación quedó evidenciada en un oficio con fecha del 24 de agosto de 2026, mediante el cual Pablo Gabriel Arnaud Ríos, Director Jurídico de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Sego, mandó a investigar a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la situación legal del periodista Ernesto Rojas Ayuzo.
En el documento, la dependencia solicitó a la Fiscalía informar si existen registros de denuncias en contra del Gobernador o del titular de la Secretaría de Gobierno interpuestas por el comunicador, así como antecedentes de medidas de protección.
El requerimiento ha generado serias dudas debido a que la Sego carece de facultades legales para dictar, coordinar o gestionar medidas de protección, una atribución que corresponde exclusivamente a la Fiscalía o a instancias especializadas.
Ante estos hechos se cuestiona el trasfondo de que la dependencia cuyo titular es directamente señalado por el periodista sea la encargada de indagar en la Fiscalía si este cuenta con denuncias activas en su contra.
El caso mantiene a Rojas Ayuzo resguardado en su domicilio tras denunciar ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) un incremento en el hostigamiento.
El comunicador ha mantenido una cobertura crítica en su cuenta de X (@rojasayuzo) sobre presuntas irregularidades vinculadas a Jesús Romero y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, y sostiene que hace aproximadamente seis meses recibió información sobre un intento de funcionarios de la Sego para fabricarle delitos en flagrancia y detenerlo, señalamiento que Romero López ha negado.
Aunque la Fiscalía le otorgó medidas de protección tras una denuncia formal, Rojas Ayuzo asegura que la vigilancia policial en su domicilio solo se ha ejecutado en tres ocasiones, por lo que exigió reforzar los dispositivos de seguridad e incorporarse formalmente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La actuación de la Secretaría de Gobierno se cruza con otros episodios de presión contra comunicadores en el estado. El periodista Juan Carlos Zavala Díaz fue estigmatizado luego de que el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero cuestionara públicamente una de sus investigaciones, un caso documentado por Artículo 19 que también derivó en una queja ante la DDHPO.
El clima de riesgo para la prensa crítica en Oaxaca escaló de forma trágica con el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en julio pasado en San Pablo Etla.
