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Exigen proteger datos comunitarios en nueva ley de pueblos indígenas

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Exigen proteger datos comunitarios en nueva ley de pueblos indígenas

Las organizaciones buscan que estas garantías sean incorporadas antes de que la iniciativa llegue al Congreso de la Unión, prevista para el 12 de octubre.

Organizaciones y colectivos de Oaxaca exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos reconozca los datos, conocimientos e información de las comunidades como bienes comunales, ante el riesgo de que empresas, instituciones y sistemas de inteligencia artificial los utilicen sin autorización, control ni beneficio para los pueblos.

Advirtieron que la iniciativa, actualmente en consulta y conformada por 453 artículos, deja fuera la soberanía y gobernanza de los datos comunitarios. Aunque contempla temas como datos genéticos y protección de datos personales, no establece reglas para que las comunidades decidan sobre la información relacionada con sus territorios, lenguas, conocimientos medicinales y agrícolas, patrimonio oral y formas de vida.

El vacío, señalaron, puede facilitar una nueva forma de despojo, ahora digital. Explicaron que empresas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial pueden alimentarse de conocimientos y contenidos de los pueblos sin que estos sepan cómo fueron obtenidos, quién los utiliza o qué beneficios generan. Incluso advirtieron que la inteligencia artificial puede reproducir otras referencias culturales y desplazar conocimientos y formas de vida propias de las comunidades.

El reclamo también alcanza a las instituciones públicas, pues las organizaciones denunciaron que el gobierno y otras entidades recopilan información sobre los pueblos, pero estos no siempre pueden acceder a ella. Como ejemplo, mencionaron la información sobre concesiones mineras: aseguraron que han recibido documentos en PDF y desactualizados, en lugar de bases de datos que permitan a las comunidades consultar, analizar y mapear lo que ocurre en sus propios territorios.

Por ello, exigieron que la ley establezca que ningún dato producido por las comunidades o relacionado con ellas pueda ser recopilado, procesado, utilizado o comercializado sin consentimiento libre, previo e informado y otorgado colectivamente, conforme a sus sistemas normativos.

También pidieron acceso a la información que otras instituciones generan sobre los pueblos y participación en las decisiones sobre algoritmos y sistemas de inteligencia artificial.

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