Advierten riesgo de violencia en Oaxaca si avanza la presa Mujer Solteca; piden a Sheinbaum frenar la obra

San Vicente Coatlán lanzó un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum para que suspenda la construcción de la presa Mujer Solteca, antes conocida como Paso Ancho, hasta resolver el conflicto agrario con Villa Sola de Vega por 19 mil 600 hectáreas.

La comunidad advirtió que el proyecto podría reactivar la violencia en una disputa que se remonta a 1970 y que, según sus registros, ha dejado 32 personas asesinadas en las últimas dos décadas.

El reclamo ocurre mientras la presa, proyectada para abastecer de agua a Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana durante los próximos 50 años, ya pasó a la etapa de ejecución.

El proyecto contempla una inversión estimada de 15 mil 944 millones de pesos, una cortina de 72 metros de altura, almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos y un acueducto de 100.9 kilómetros.

En la construcción de la presa ya se adjudicó el contrato correspondiente y comenzaron trabajos preliminares en junio de 2026. Paralelamente, Conagua abrió licitaciones para los tres tramos del acueducto, mientras que en octubre se reportaba pendiente la autorizaciónde la Manifestación de Impacto Ambiental regional.

Así, la obra avanza en sus componentes de construcción y contratación mientras persisten cuestionamientos ambientales y sociales.

La inconformidad de San Vicente Coatlán también tiene como antecedente los compromisos asumidos durante la construcción de la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla.

La comunidad permitió que continuaran los trabajos mientras esperaba una solución a la disputa territorial y el cumplimiento de acuerdos; sin embargo, sostiene que la carretera avanzó sin que se resolviera el conflicto agrario.

El Comisariado de Bienes Comunales acusó que solicitó formalmente una audiencia a las autoridades federales desde el 27 de agosto, pero no obtuvo respuesta.

Señaló directamente a la mandataria Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al titular del INPI, Adelfo Regino Montes, por la falta de atención a sus demandas.

La comunidad también reprochó que ninguno de los titulares de las dependencias federales convocadas acudiera a la asamblea para establecer acuerdos.

Aunque reconoció la presencia de funcionarios enviados en representación de las instituciones, sostuvo que su asistencia no sustituye la participación de quienes tienen capacidad para tomar decisiones. Por ello, exigió una reunión con Gobernación, SEDATU, la Procuraduría Agraria, el INPI y Conagua.

Otro punto de disputa es la consulta indígena. San Vicente Coatlán sostiene que no fue consultado previamente sobre la presa y exige detener los trabajos hasta que se atienda el conflicto territorial.

El gobierno estatal, por su parte, argumenta que el proyecto se encuentra en territorio de Villa Sola de Vega y que no existe obligación jurídica de consultar a San Vicente, una diferencia que mantiene abierta la controversia.

Ante la falta de acuerdos, San Vicente Coatlán anunció que recurrirá a acciones legales, políticas y sociales para defender su territorio y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para prevenir nuevos hechos violentos y proteger a sus autoridades comunales.

La comunidad responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de las consecuencias de mantener el conflicto sin solución mientras avanza la presa.