Acusan a Ray Chagoya de lesionar al comercio local con nuevo reglamento de mercados e imponer cobros indebidos

Locatarios de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre de Oaxaca de Juárez se rebelaron contra el Programa Municipal de Regularización y Actualización de Derechos y Expedientes Administrativos, al acusar al Ayuntamiento encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva de imponer un reglamento “a modo” que abre la puerta a nuevos cobros y somete sus concesiones a requisitos que ponen en riesgo la certeza sobre sus espacios comerciales.

Los comerciantes rechazaron incorporarse al programa en sus términos actuales y exigieron garantías por escrito de que negarse a participar no será motivo para cancelar, revocar o limitar sus concesiones.

Reprocharon que se les exija una nueva constancia pese a contar con documentos expedidos por el Cabildo y comprobantes de sus contribuciones. “Si mi papel vale, si tiene validez, ya pasó por el Cabildo”, reclamaron.

Uno de los principales reclamos son los cobros de entre 600 y 6 mil pesos por la constancia de concesión. Los locatarios cuestionaron que se les pretenda exigir nuevos pagos por derechos que ya tienen acreditados y exigieron al Ayuntamiento explicar el fundamento legal de esas cantidades.

Advirtieron que estas medidas representan una carga económica adicional y abren la puerta a que sus concesiones queden sujetas a trámites y condiciones que hoy cuestionan.

También rechazaron que las constancias tengan una vigencia de 20 años y cuestionaron los requisitos adicionales para realizar traspasos, así como la exigencia de comprobar que no existen adeudos de cinco años.

Acusaron que las autoridades pretenden hacerlos responsables de reconstruir expedientes y reunir documentos de trámites que ya cumplieron, pese a que —sostienen— los archivos deben estar bajo resguardo municipal.

Los inconformes reprocharon que el Cabildo aprobara el programa el 17 de septiembre de 2026 y que se diera a conocer hasta el 13 de octubre, pese al compromiso de informarles con anticipación.

También acusaron que sus solicitudes de diálogo no han recibido una respuesta suficiente y exigieron aclarar las facultades de la Secretaría de Gobierno y Territorio, la Dirección General de Regulación y Atención a Mercados y el Cabildo para expedir, reconocer, transferir o revocar concesiones.

Los comerciantes cuestionaron además que se endurezcan las exigencias contra quienes tienen puestos establecidos mientras continúa el comercio ambulante en calles aledañas.

Señalaron al regidor Jesús Quevedo Cortés y a las áreas municipales responsables de la regulación por impulsar el programa, e informaron que existen seis amparos contra el reglamento. Estimaron que la inconformidad alcanza a prácticamente la totalidad de los locatarios del Benito Juárez y alrededor del 80 por ciento de los del 20 de Noviembre.

Ante lo que consideran un intento de condicionar sus derechos, los comerciantes anunciaron que no participarán en el programa mientras no se atiendan sus objeciones.

Exigieron frenar las medidas cuestionadas, aclarar los cobros y garantizar por escrito que su negativa no será utilizada para retirarles sus espacios. “Estamos de acuerdo en un reglamento, pero un reglamento que nos rija bien, con justicia, no que nos venga a lesionar”, advirtieron. “No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo certeza jurídica”.