El gobernador de Oaxaca debe atender y resolver las demandas del pueblo organizado en el Movimiento Antorchista

Por: Rolando Reyes Lázaro, dirigente de Antorcha Oaxaca.

Consciente de la postura política que mantienen algunos asesores del Gobierno del Estado en contra de Antorcha —quienes aconsejan a los funcionarios negarnos soluciones— escribo estas líneas para defender nuestro derecho a la organización y petición, concluyendo que esta política gubernamental cosechará lo contrario de lo que se propone. Los partidarios de esta idea sostienen que en nada le beneficia al gobierno una relación con nuestro movimiento; que, por el contrario, resulta una carga burocrática, económica y políticamente nociva para la Primavera Oaxaqueña.

Esta visión se manifestó de diferentes formas durante los últimos meses del año pasado; y en este 2026, en las distintas reuniones que tuvieron su punto de quiebre en la última audiencia con la Subsecretaría de Gobierno, encabezada por el licenciado Angelino López Cortés, quien afirmó que las demandas de los pueblos y colonias del Movimiento Antorchista resultaban insignificantes para las tareas que tenía que atender el Secretario de Gobierno, el licenciado Jesús Romero López. Más claro no pudo ser. Quienes representamos a la organización decidimos abandonar aquella “mesa de negociación”, ofendidos por la incongruencia del funcionario, pues en las promociones gubernamentales y en las campañas electorales no dejan de pregonar: «con el pueblo todo y sin el pueblo nada».

Para quienes tratamos de explicar el momento histórico y las causas profundas que encaminan al país por una etapa aún más difícil, lamentamos que Oaxaca ocupe los primeros lugares en pobreza, en rezago educativo y ahora en violencia. Sin embargo, rechazamos la propuesta de algunas voces que piden la intervención de Estados Unidos en nuestro país, ya que dicha iniciativa parte de un análisis parcial que solo acusa al gobierno mexicano, olvidándose de la geopolítica, es decir, la dependencia económica y ubicación estratégica que representamos para nuestros vecinos del norte; y se olvida también, de las lecciones que nos ha dejado la historia, en particular aquella que nos recuerda que Estados Unidos nos arrebató más de la mitad de nuestro territorio en 1848.

Quienes analizamos la realidad de esta manera, no perdemos de vista la intención del imperialismo norteamericano de apropiarse de las riquezas naturales y de la mano de obra de los pueblos del mundo, afán que explica su política agresiva en contra de Latinoamérica y de México.

Deducimos por lo tanto, que es un suicidio social pedir la intervención de EE. UU., que nuestra tarea histórica consiste en oponernos firmemente y denunciar esta política de rapiña y, por otro lado, exigir a las autoridades mexicanas que cumplan con sus obligaciones de gobernar para todos y garantizarnos seguridad. Eso es lo que está haciendo el Movimiento Antorchista.

Por esta razón, no son progresistas quienes ven en nuestras demandas una carga adicional de trabajo; aseguro que han perdido más tiempo en las reuniones estériles recurriendo a maniobras burdas para no dar respuestas a las comunidades.

Es cierto que las necesidades en materia de salud, vivienda y servicios básicos implican recursos económicos, pero se justifican: son derechos que le asisten a los mexicanos; negarlos por el credo político o religioso de quien los solicita, va en contra de la Constitución.

Finalmente, es un hecho revelador que un número significativo de los seguidores y aliados de la Primavera Oaxaqueña –decepcionados principalmente por el actuar de los políticos en el poder– aumentan en cantidad y buscan el cobijo de otras fuerzas políticas, pero esto no es culpa de Antorcha.

No obstante, no me dirijo a quienes se oponen a Antorcha, sino al gobernador del Estado y al pueblo de Oaxaca: al ingeniero Salomón Jara Cruz, por su responsabilidad al frente del Estado, quien cargará con el papel histórico de ser recordado como un buen o mal gobernante, especialmente por su habilidad para tratar con aquellos grupos que no son de su corriente política. Nuestra organización representa a un número importante de oaxaqueños y entra en esta categoría. Y al pueblo de Oaxaca, para informarle que lo que solicita el Movimiento

Antorchista está plenamente justificado y apegado a derecho. Pedir servicios básicos para los pobres no constituye un delito; es un acto digno de hombres y mujeres que exigen sus derechos fundamentales; de miles de familias antorchistas que llevan años buscando ser tomadas en cuenta en las priorizaciones del gobierno estatal y federal.

Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente la intervención del gobernador para que se haga justicia a nuestras familias; de no obtener ninguna respuesta positiva, no nos quedará otro camino que hacer uso de nuestro derecho de manifestación para hacernos escuchar; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9°, mantiene vigente el derecho de asociación y manifestación en contra de las autoridades que violan la ley.

El desprestigio del gobierno y la inconformidad social en Oaxaca crecen, no por mala fe de los oaxaqueños, sino por la falta de capacidad de los funcionarios para resolver las demandas de las comunidades y colonias.

El prejuicio en contra de Antorcha los conduce a negarle todo tipo de soluciones; se les olvida que nosotros formamos parte del pueblo, un grupo que sabe lo que quiere, que tiene convicción y firmeza en su proyecto de país y que nunca claudicará.

El desprecio político en contra de nuestra organización no es razonable ni legal y solo provocará más inconformidades y manifestaciones.