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Freno a presunto ecocidio en Parque Oaxaca llega tarde: jueza ordena proteger árboles en obra de Fibra Danhos
El proyecto comercial de Fibra Danhos en Oaxaca enfrenta un amparo federal por presuntas irregularidades en permisos de construcción, falta de estudios de impacto urbano y omisiones ambientales. La demanda también impugna la desincorporación de una sección de la calle de Las Rosas para beneficiar al complejo comercial.
Con la construcción del centro comercial Parque Oaxaca en marcha y gran parte del arbolado presuntamente eliminado, una jueza federal ordenó frenar nuevas talas en el predio donde se desarrolla el proyecto vinculado a Fibra Danhos, en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña.
De acuerdo con una verificación en campo, la obra ya presenta avances en su cimentación y alrededor del 95% de los árboles que se encontraban en el área habrían sido retirados, aunque esta proporción no está documentada en la resolución judicial.
El acuerdo, emitido el 4 de noviembre de 2026 por Laura Esther Cruz Cruz, jueza Noveno de Distrito en Oaxaca, concedió una suspensión provisional para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar o permitir trabajos que impliquen el derribo o tala de árboles en la Privada de Las Rosas.
La determinación también establece que, si los árboles ya fueron derribados, las autoridades deberán evitar nuevas actividades desmedidas de esa naturaleza que representen riesgos ambientales.
La medida se sustenta en los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura, que privilegian la protección del medio ambiente ante posibles daños.
El juicio de amparo indirecto 1341/2026, promovido por cuatro vecinas de la colonia Reforma, cuestiona las autorizaciones otorgadas para la construcción de Parque Oaxaca, entre ellas el dictamen de uso de suelo, la licencia de construcción y diversos permisos ambientales.
También impugna la desincorporación de una sección de la calle de Las Rosas para incorporarla como espacio del complejo comercial, así como presuntas omisiones en los procedimientos de evaluación de impacto urbano, protección ambiental y participación ciudadana.
Entre los documentos señalados figura el oficio SMAGH/RCRNyV/200BIS/2026, mediante el cual se autorizó el derribo de dos árboles, con la previsión de sustituirlos por trece ejemplares.
Sin embargo, la resolución judicial no precisa el lugar donde deberían plantarse los árboles de reposición ni acredita que dicha medida de compensación ambiental se haya ejecutado.
En el análisis de las pruebas, la jueza reconoció que la documentación presentada podría demostrar, de manera indiciaria, posibles omisiones en los procedimientos administrativos previos a la expedición de la licencia de construcción.
En materia ambiental, la autoridad judicial determinó que las vecinas acreditaron preliminarmente su interés legítimo, al habitar en el entorno cercano a los árboles cuya remoción fue autorizada, por lo que concedió la protección cautelar solicitada respecto de la tala.
Las autorizaciones impugnadas involucran al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, por su participación en los procedimientos urbanísticos, ambientales y de construcción del proyecto comercial.
El expediente también incluye señalamientos contra autoridades estatales por presuntas omisiones en la emisión de dictámenes y en los procedimientos de consulta y evaluación ambiental.
La resolución no establece responsabilidades definitivas de funcionarios o de la empresa desarrolladora, pero mantiene abierto el procedimiento judicial sobre los actos reclamados.
Como parte del trámite, el Juzgado Noveno de Distrito requirió a las autoridades responsables rendir sus informes previos dentro de las 48 horas siguientes a su notificación.
La audiencia incidental fue programada para el próximo 11 de noviembre, a las 9:20 horas, cuando se analizará la procedencia de la suspensión definitiva.
La orden judicial llega cuando la construcción de Parque Oaxaca ya registra avances y, según la verificación en campo, la mayor parte del arbolado habría sido retirada.
El expediente no establece la cantidad total de árboles derribados ni acredita el cumplimiento de las medidas de compensación ambiental, mientras continúa el procedimiento judicial sobre las autorizaciones otorgadas al proyecto.
