Ciudadanos exige la cabeza de Toribio López Sánchez ante fraudes en la venta de vehículos; Salomón Jara delega a Fiscalía la investigación

Una red de fraude y extorsión que opera bajo el amparo de la Policía Vial Estatal ha sido denunciada por ciudadanos en Oaxaca, quienes señalan un esquema de corrupción que despoja a compradores de buena fe de sus vehículos y ahorros. 

Los afectados describen un “modus operandi” donde particulares utilizan a menores de edad para simular urgencias médicas y vender unidades que, días después, son recuperadas ilegalmente por elementos policiales sin órdenes judiciales ni reportes oficiales. 

Ante la gravedad de los testimonios, la ciudadanía ha exigido el cese inmediato de los mandos responsables, señalando directamente a Toribio López Sánchez como cabeza de una corporación señalada por colusión.

A pesar del clamor social y las pruebas presentadas por las víctimas, el gobernador Salomón Jara Cruz ha evitado tomar medidas administrativas contundentes dentro de su gabinete, limitándose a declarar que será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar las indagatorias.

Esta postura ha generado indignación entre los denunciantes, quienes consideran que delegar la responsabilidad a un proceso judicial lento e ineficiente solo prolonga la impunidad de los oficiales involucrados. 

Mientras tanto, las víctimas enfrentan un doble calvario: la pérdida de su patrimonio y un sistema de justicia que los revictimiza con burocracia y falta de orientación.

La red delictiva, según los testimonios recopilados, involucra a un ex agente de investigación con presuntos vínculos familiares en la cúpula de la Policía Vial, lo que explicaría la facilidad con la que los agentes interceptan los vehículos vendidos mediante rastreo por GPS. 

Las víctimas, como Alberto y Karla Contreras, denuncian haber sido amedrentados con amenazas de cárcel y retenidos ilegalmente mientras sus autos eran llevados a corralones particulares sin dejar rastro documental.

La exigencia ciudadana es que no basta con investigaciones que queden en el olvido; se requiere la destitución de los funcionarios que han permitido que la autoridad se convierta en el brazo ejecutor de un fraude millonario.