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Consorcio ganador de la presa “Mujer Solteca” arrastra historial de obras inconclusas y procesos penales en Oaxaca, acusan organizaciones civiles
GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. son las empresas que ejecutarán la obra.
La asignación de la millonaria y controvertida presa “Mujer Solteca” (antes conocida como “Paso Ancho” o “Margarita Maza”) es rechazada por diversas organizaciones civiles no solo por el impacto ambiental, sino por el perfil de las empresas encargadas de su ejecución.
El Observatorio Comunitario del Agua y del Medio Ambiente de Oaxaca (OCCAMA) denunció que el consorcio ganador cuenta con un historial de irregularidades, proyectos inconclusos y contratos bajo investigación judicial en el estado.
El megaproyecto civil, cuyo presupuesto se duplicó de siete mil 775 millones a 15 mil 944 millones de pesos, fue adjudicado en participación conjunta a las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.
A pesar de ser una de las constructoras recurrentes en los grandes proyectos federales de los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (donde ejecutó el Tramo 3 del Tren Maya), el paso de GAMI por Oaxaca está marcado por el conflicto y los presuntos desvíos de recursos, según OCCAMA.
De acuerdo con el pronunciamiento respaldado por 26 organizaciones civiles, académicas y comunitarias, los antecedentes de la empresa en la entidad son un factor de alta preocupación.
Entre ellos destaca su vinculación al inconcluso proyecto del “Citybús” durante el gobierno de Gabino Cué, cuyo contrato enfrenta un proceso penal por presunto peculado. Asimismo, durante la gestión de Alejandro Murat, la firma obtuvo por adjudicación directa la construcción del rompeolas de Salina Cruz en 2020, y en 2021 asumió la edificación del “Foro Huatulco”, otra obra que quedó abandonada a pesar de costar 322 millones de pesos.
Para el OCCAMA, la entrega de casi 16 mil millones de pesos a este consorcio empresarial representa una “falsa solución” a la crisis hídrica de los Valles Centrales, al sugerir que la obra responde más a intereses económicos y al beneficio de los promoventes y administradores que a una necesidad social.
La organización califica como ineficiente en términos de costo-beneficio la propuesta de trasladar agua a lo largo de más de 100 kilómetros para introducirla en una red metropolitana colapsada —que pierde más del 40% del líquido en fugas—, mientras se despoja de sus recursos a las comunidades indígenas de Sola de Vega que dependen del caudal del río hacia la costa para subsistir.
El frente ciudadano, integrado por instituciones como el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, el Foro Oaxaqueño del Agua y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, denunció que las empresas pretenden iniciar los trabajos en total opacidad y violando la ley, pues actualmente no existe un Dictamen Favorable a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) por parte de las autoridades federales, y se ha ignorado por completo el derecho constitucional de las comunidades a una consulta indígena.
Ante esta situación, exigieron formalmente a la Semarnat, la Profepa y la Conabio intervenir de inmediato para detener cualquier acción de las constructoras en el sitio, llamando a implementar soluciones integrales como el rescate de los ríos Atoyac y Salado, la captación pluvial y la reparación de fugas, en lugar de repetir viejos errores con obras improvisadas.
