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Mientras Ray Chagoya regatea el precio de Las Rosas, Fibra Danhos ya construye sobre la calle

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Mientras Ray Chagoya regatea el precio de Las Rosas, Fibra Danhos ya construye sobre la calle

Obra de Fibra Danhos avanza en la Reforma, mientras Ray Chagoya reclama una cifra mayor por calle de Las Rosas privatizada de facto

La empresa Fibra Danhos inició los trabajos de cimentación del proyecto comercial que albergará una tienda Liverpool en la colonia Reforma, pese a que la Privada de Las Rosas aún no ha sido desincorporada oficialmente del patrimonio municipal y la propia empresa ha reconocido que todavía no cuenta con la totalidad de los permisos requeridos para la obra. 

La construcción avanza con maquinaria pesada sobre la vialidad, donde ya se realizan trabajos de excavación e instalación de pilas de cimentación, mientras el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez sostiene públicamente que la calle continúa como un bien de dominio público.

Sin embargo, los planos arquitectónicos del proyecto revelan que, desde su etapa de planeación, la última calle de Las Rosas fue considerada como parte de la infraestructura del desarrollo comercial. 

En el denominado ANEXO-A de los planos aparece la solicitud de avalúo para el proceso de desincorporación de la vialidad, documento que cuenta con sello y firma de la Dirección de Planeación Urbana y Licencias de la administración encabezada por Ray Chagoya. 

La documentación evidencia que el Ayuntamiento tenía conocimiento desde la presentación del proyecto que la vialidad formaría parte del complejo comercial como acceso y salida del estacionamiento de Liverpool, incluso antes de que el tema fuera planteado públicamente o sometido a discusión del Cabildo.

En las últimas horas, el primer concejal Ray Chagoya ha señalado que la calle no ha sido vendida ni desincorporada. “La calle Las Rosas sigue siendo un bien público, no se ha vendido o desincorporado. Si se hiciese, la petición tendría que pasar por el Cabildo y por el Congreso del Estado; no es decisión de una persona, del presidente”, afirmó. 

No obstante, mientras el edil sostiene que el procedimiento legal no ha concluido, este martes la obra registra avances sobre la propia vialidad, lo que ha desencadenado críticas al gobierno municipal, ya que diputadas locales y federales afirman que una vez más mintió el “vecino”.

En la sesión de cabildo de este martes, Ray Chagoya expresó su molestia debido a que el avalúo de la calle emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) resultó en un monto menor al esperado. 

El edil manifestó su expectativa que la calle valdría más, por lo que dejó entre ver que el precio fijado por el órgano federal representa una pérdida económica frente a los intereses de Fibra Danhos.

Ante esta situación y en un intento por contener el enojo ciudadano, Ray Chagoya anunció una sanción ejemplar para la constructora de cuatro millones de pesos y la obligación de realizar una reforestación de mil árboles para compensar el ecocidio cometido en el predio del extinto hotel Misión de los Ángeles, al señalar que el equipo jurídico municipal ya prepara la ruta legal correspondiente.

Legisladoras opositoras como Ale Morlan, Margarita García y Aracely Cruz Jiménez, han criticado el manejo del caso, al referir que, mientras a un ciudadano común se le suspende la obra ante cualquier irregularidad, a Fibra Danhos se le toleran las constantes inconsistencias. 

Según las diputadas, este trato diferenciado evidencia que la constructora ha rebasado a la autoridad municipal.

El discurso del gobierno de Ray Chagoya se contradice nuevamente, pues aunque Fibra Danhos ha reconocido públicamente que aún se encuentra en proceso de obtener algunos permisos finales, la obra avanza sin freno. 

Esta situación confirma la postura del secretario de Desarrollo Económico municipal, Raúl Ruiz Robles, quien anteriormente minimizó el conflicto al señalar que la entrega de la vialidad era un asunto de “perspectiva”.

Sin embargo, para los habitantes de la colonia Reforma, la ejecución de los trabajos representa una privatización de facto de aproximadamente dos mil metros cuadrados de espacio público, sin que exista hasta ahora una desincorporación aprobada por el Cabildo ni autorizada por el Congreso del Estado.

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