Prepara Oaxaca nueva Carta Magna, niega Sagrero que se trate de “morenizar” la Constitución

Ante los cuestionamientos sobre el origen y la intención del proyecto de una nueva Constitución para el estado, Geovany Vásquez Sagrero, Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, rechazó que el documento busque “morenizar” o beneficiar al partido político gobernante.

En entrevista, el funcionario sostuvo que la reforma responde a la necesidad de actualizar un marco jurídico centenario que requiere orden, modernización y un enfoque “profundamente” humanista y pluricultural.

“El derecho es un árbol vivo”

Vásquez Sagrero subrayó que la Constitución vigente, nacida en 1922, ha acumulado cientos de reformas a lo largo de un siglo, lo que ha generado una mezcla desordenada entre su parte orgánica y dogmática.

 “No es un proyecto de partido. Es la adecuación de un ordenamiento jurídico que, como un árbol vivo, debe adaptarse a las condiciones de vida y a los derechos humanos que hoy son una realidad, como el matrimonio igualitario, que hace décadas no estaban contemplados”, puntualizó.

El abogado del estado explicó que la propuesta busca reivindicar el origen de los pueblos oaxaqueños, al elevar a rango constitucional la visión intercultural, un paso que, según afirmó, pocos estados se atreven a dar por considerarlo un tema tabú.

Transparencia y debate, el siguiente paso

Ante la duda sobre la representatividad de los casi nueve mil participantes en los foros regionales, el Consejero aclaró que el proyecto que se entregará al Congreso no es una pieza acabada, sino una invitación al debate.

“El proyecto será puesto a consideración del Poder Legislativo para que inicie los procesos de consulta previa, libre e informada. Ahí es donde la ciudadanía, los jueces y la academia podrán criticar y aportar. Es el acta de nacimiento de nuestro Estado y la bienvenida a la crítica constructiva es necesaria”, enfatizó.

Un conflicto estructural el rezago en las agencias 

En la segunda entrega de esta serie de entrevistas, el Consejero también abordó el recurrente conflicto por la entrega de recursos a agencias municipales. 

Vásquez Sagrero admitió que es una “bomba de tiempo” debido a la rigidez de las leyes de fiscalización federal.

El funcionario fue enfático al señalar que, aunque existe la voluntad política para apoyar a las agencias, las limitaciones constitucionales (específicamente el artículo 115) impiden al Ejecutivo estatal intervenir en la autonomía hacendaria de los municipios.

“Es un problema complejo porque la normativa federal no entiende de perspectivas indígenas al momento de fiscalizar un peso; exige comprobación y personalidad jurídica, algo que muchas agencias no poseen”, explicó. 

Ante este escenario, reconoció que el estado se ve limitado a una labor de mediación a través de la Secretaría de Gobierno, al sugerir que la solución final podría requerir una reforma a nivel federal que considere, incluso, la viabilidad de un “cuarto orden de gobierno” para las comunidades con mayor peso poblacional.