“Innecesario derogar lo que ya no existe”: Vásquez Sagrero sobre el Decreto 24; alerta por fraudes a trabajadores

Ante la persistente exigencia de trabajadores para la derogación formal del Decreto 24, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, sostuvo que tal medida resulta innecesaria, al argumentar que el decreto ha perdido todo efecto jurídico sobre los trabajadores reinstalados.

En entrevista, el funcionario explicó que, tras la firma de convenios individuales de reinstalación —los cuales fueron elevados a la categoría de laudo—, el conflicto administrativo se convirtió en “cosa juzgada”.

“Es la inaplicación de manera particular a cada uno de los mil 300 y tantos trabajadores que fueron reinstalados; queda sin efecto. Por lo tanto, es innecesario que se derogue algo que ya no tiene vigencia”, afirmó Vásquez Sagrero.

La defensa del Consejero

Respecto al temor manifestado por la base trabajadora sobre una posible reactivación del decreto, el Consejero Jurídico atribuyó estas preocupaciones a una falta de información técnica sobre los procesos legales, al enfatizar que un convenio firmado en un procedimiento paraprocesal adquiere una protección jurídica superior.

“Muchos trabajadores temen porque no conocen los términos jurídicos. Al elevarse a la categoría de cosa juzgada, no puede haber un nuevo acto sobre el mismo hecho; existe una eficacia refleja que los protege”, señaló.

Sobre el origen de esta medida, implementada el 12 de diciembre de 2025 , el servidor público reiteró que la decisión obedeció a irregularidades detectadas en la entrega de bases durante la gestión anterior.

 “Sumamos los seis años de Alejandro Murat y debieron darse 210 bases; de repente te das cuenta que dieron 1,500. Algo brinca ahí y está mal”, justificó.

Al ser cuestionado sobre si estas acciones tuvieron un impacto negativo en el erario, el Consejero desestimó preocupaciones mayores, al explicar que el proceso no generó un gasto extraordinario. “No hubo un impacto; hubo una economía al no pagar algunas quincenas a quienes habían quedado suprimidos, y después pagarles, pero era parte de lo que estaba presupuestado”, detalló.

En cuanto a su postura personal como abogado ante los posibles costos políticos, Vásquez Sagrero se mantuvo firme: “Yo hice lo correcto. Jurídicamente no pudieron acreditar los extremos de su acción. La parte política, ahí ya yo no califico; el gobernador dio una instrucción y yo la acato”.

Pero al insistirle si esta decisión va a repercutir en su carrera o persona en un futuro en el terreno político, el abogado expuso que será el pueblo quien determinará, aunque comprende la molestia de trabajadores.

Alerta por fraudes contra reinstalados

Además del contexto jurídico, el Consejero Jurídico denunció una ola de fraudes que afecta directamente a los trabajadores reinstalados, quienes dijo son víctimas de un uso indebido de su identidad.

Según detalló, han recibido reportes de al menos 15 personas cuyos datos personales fueron utilizados para tramitar créditos en cajas de ahorro y entidades financieras sin su consentimiento, lo que ha derivado en descuentos injustificados a sus percepciones.

“Han venido a decir: ‘Me pidieron mis datos, fueron a una caja, ocuparon mi nombre y ahora me están descontando’. Es el mismo modus operandi”, advirtió Vásquez Sagrero.

El funcionario subrayó que este esquema de fraude no parece estar vinculado con la dirigencia sindical, sino con actores externos. 

Aunque el gobierno estatal ofrece acompañamiento dentro de sus facultades, el abogado del Ejecutivo puntualizó que es la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de rastrear la trazabilidad de los recursos y deslindar las responsabilidades penales correspondientes para frenar estos abusos.