Sin confianza en la Sego; diputada renuncia a escoltas estatales por temor a las autoridades

La diputada federal del Partido del Trabajo, Marta Aracely Cruz Jiménez, señaló que ha presentado distintas denuncias ante la Fiscalía de Oaxaca, entre ellas por persecución durante su campaña, amenazas y una agresión contra su hermana con un arma de fuego, pero afirmó que ninguna ha avanzado.

A esto se suma, dijo, su denuncia contra Donato Vargas, a quien identifica como su violentador y quien, pese a los señalamientos que ha realizado, continúa dentro de la estructura del Gobierno estatal.

Cruz Jiménez aseguró que en 2023 entregó personalmente al gobernador Salomón Jara Cruz pruebas relacionadas con su denuncia contra Vargas y que incluso esperaba una mesa de trabajo para presentar la documentación, pero nunca fue atendida.

Sostuvo que una de sus carpetas de investigación fue enviada de una instancia a otra sin que esto representara avances y afirmó que la falta de resultados terminó por hacerla perder la confianza en la Fiscalía. “Yo sé que el fiscal no va a hacer nada”, declaró.

Ante este escenario, la diputada cuestionó la actuación de un gobierno que, por un lado, sostiene un discurso de protección hacia las mujeres y, por otro, mantiene, según su denuncia, a una persona señalada como su violentador dentro de la administración estatal.

La contradicción que plantea es directa: cómo puede un gobierno hablar de protección a las mujeres mientras una legisladora asegura que sus denuncias permanecen archivadas y que quien señala como su agresor continúa en un cargo público.

Sobre las medidas de protección, Cruz Jiménez reconoció que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, sí le ofreció seguridad. Sin embargo, explicó que decidió no aceptarla porque no confía en el Gobierno estatal y considera que aceptar protección de las mismas autoridades a las que responsabiliza de haber vulnerado sus derechos podría colocarla en una situación todavía más delicada.

Aseguró que cuenta con los mensajes en los que se le ofreció dicha protección, pero insistió en que prefiere asumir el riesgo antes que poner su seguridad en manos de una estructura en la que no confía.

La legisladora afirmó que actualmente teme por su vida, aunque dijo estar más preocupada por la seguridad de su familia.

Recordó que su hermana habría sido amenazada con un arma de fuego y sostuvo que las amenazas que ha recibido podrían incluso impedirle concluir su periodo legislativo.

También cuestionó que se le convoque a mesas de trabajo en regiones donde, según afirmó, no se presenta el propio secretario de Gobierno ni la estructura estatal, dejándola expuesta en medio de conflictos que, sostiene, las autoridades deberían atender.

Cruz Jiménez también denunció violencia política y cuestionó los señalamientos realizados por Jesús Romero y una funcionaria de la Secretaría de Gobierno contra personas con las que trabaja, a quienes, según afirmó, se ha relacionado con el crimen organizado.

Pidió que esas acusaciones sean investigadas por la Fiscalía General de la República y que, si existen pruebas, se presenten formalmente ante las autoridades correspondientes.

En su denuncia, la diputada recordó el caso de la activista Sandra Domínguez, desaparecida y posteriormente localizada sin vida, y cuestionó el discurso de que “llegamos todas” cuando, en la realidad, mujeres como Sandra no llegaron y ella misma asegura permanecer sola frente a las amenazas y la falta de justicia. “No llegó Sandra Domínguez, que la desaparecieron y la asesinaron. No llegué yo”, afirmó.

El reclamo de Cruz Jiménez coloca nuevamente el problema de la violencia contra las mujeres en el terreno de la impunidad: denuncias que, según sostiene, no avanzan, autoridades que no responden y una persona que identifica como su violentador que continúa dentro de la estructura gubernamental. Para la diputada, el problema no es solamente que las instituciones no hayan podido protegerla, sino que el mismo gobierno que asegura defender a las mujeres es señalado por ella de haber ignorado sus denuncias durante tres años.