El ISSSTE de Matías Romero a semanas de sufrir un desalojo; “enfrenta un ‘Cártel del Despojo institucional'”, acusa el “dueño del predio”

Una Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, ubicada en el corazón del Corredor Interoceánico en Matías Romero en el Istmo de Tehuantepec, se ha convertido en una bomba de tiempo por el conflicto legal y burocrático que enfrenta desde hace 40 años.

Su operación y los servicios médicos para más de 14 mil derechohabientes están en vilo ante el ultimátum de la familia que reclama ser dueña original de los casi cuatro mil metros cuadrados donde se asienta el hospital.

Alfonso Homero Nava Constantino, quien se ostenta como legítimo heredero, asegura que el predio fue arrebatado a su familia mediante un entramado de falsificación notarial y encubrimiento institucional al que califica como un verdadero “Cártel del Despojo Institucional”.

Frustrado por décadas de litigios, ha lanzado una advertencia, al referir que si el ISSSTE no paga el valor actual del terreno, ejecutará un desalojo con base en las resoluciones judiciales, al argumentar también que en la comparecencia del Notario, éste declaró que no reconoce la escritura que se presentó ante el INDAABIN.

Sin embargo, lo que Nava Constantino presenta como un inminente acto de justicia ciudadana, choca con la realidad jurídica actual del caso, ya que una serie de sentencias recientes han fallado a favor de las autoridades federales, por las firmas de quienes en su momento tenían un poder absoluto como el notario Morales Lechuga cerrando la puerta legal a los reclamos de la familia.

¿Fraude o error administrativo?

El origen del conflicto se remonta a 1981, cuando María Carmona Tadeo, abuela de Nava Constantino, firmó un contrato de promesa de compraventa con el ISSSTE. Tras su muerte en 1985, el trámite quedó en el limbo.

Nava Constantino acusa que, en 1993, el Instituto y el Notario Público Número 43, Reyes Izquierdo Saure, fabricaron a espaldas de la familia la Escritura Pública 1828 para concretar el robo del predio.

Entre las graves anomalías que el heredero denuncia, destaca la validación de un representante inexistente (“Francisco Cabrera Campos” en lugar de “Federico”).

A esta trama se suma el nombre del polémico exprocurador general de la República y expresidente del Colegio de Notarios, Ignacio Morales Lechuga. Según los señalamientos que constan en el caso, las copias certificadas de esta dudosa escritura —presentadas por el ISSSTE para defender la propiedad— fueron avaladas en su momento por la notaría de Morales Lechuga, a pesar de que exhibían palabras sobrepuestas y alteraciones evidentes, lo que avivó las sospechas de un encubrimiento de alto nivel.

No obstante, el contraste documental cuenta otra historia. En sus comparecencias judiciales, el Notario 43 rechazó las acusaciones de dolo o fraude. Testificó que la compraventa sí se concretó de manera legítima en 1993 con el abuelo de Nava Constantino y que el ISSSTE sí pagó por el terreno, pero no existen pruebas contundentes de ello y las propias autoridades lo han reconocido.

Las discrepancias en los nombres y datos, argumentó el Notario Reyes Izquierdo Saure y su defensa, fueron producto de graves “errores de dedo” y descuidos tipográficos de su secretaría.

Al final, los jueces civiles avalaron esta versión, determinando que los errores administrativos no anulaban el hecho de que la familia vendió la propiedad, y absolvieron tanto al ISSSTE como al Notarioe.

La batalla de las sependencias: De la SFP a los Tribunales

La lucha de Nava Constantino figuró como álgido en 2019, cuando el Órgano Interno de Control (OIC) de la entonces Secretaría de la Función Pública reconoció irregularidades.

En aquel momento, la dependencia confirmó que el predio no estaba debidamente regularizado y ordenó al ISSSTE liquidar cualquier adeudo pendiente con los dueños, apoyado por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que incluso paralizaron obras de ampliación, encabezadas por Nava Constantino.

Pero el giro definitivo ocurrió en los juzgados. El ISSSTE y sus abogados invocaron la figura de “prescripción” —la caducidad de los derechos para reclamar o anular un contrato por el paso del tiempo— y ganaron el caso.

El juez emitió una sentencia definitiva que no solo declaró prescritos los derechos de Nava Constantino, sino que ordenó formalmente que se utilizara la polémica Escritura de 1993 (el cual presenta múltiples irregulares) para terminar de legalizar el predio a nombre del Estado.

Cumpliendo esta orden judicial, en abril de 2025, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) inscribió oficialmente la clínica como patrimonio federal, dotándola de plena certeza jurídica a los ojos del gobierno.

“El inmueble fue registrado indebidamente como propiedad institucional ante el Registro Federal Inmobiliario (INDAABIN), folio 20-19275-8, sin contar con escrituras públicas. En 2025 se reactivaron expedientes administrativos por omisiones graves, sin que exista solución de fondo. El ISSSTE reconoce que el asunto se encuentra en sede judicial, pero no ha promovido acciones eficaces para su regularización”, señaló el afectado.

El Desgaste ciudadano y el conflicto institucional

Negándose a aceptar que el reloj legal, -que a sus ojos se trata de una red de corrupción del más alto nivel – jugó en su contra, Nava Constantino ha llevado su reclamo a los pasillos del Tribunal de Disciplina Judicial.

Recientemente, interpuso una queja contra el Magistrado Lenin Jiménez Hernández —quien falló en contra de sus intereses—, acusando maltrato, intimidación y un grave conflicto de interés, al señalar que la esposa del magistrado ostenta un alto cargo en el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca.

El desgaste es evidente en todas las instancias. El propio afectado relata que, al buscar ayuda directa con funcionarios del gobierno de Salomón Jara, el Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, desestimó la queja argumentando de manera déspota que se trata de “un asunto perdido” legalmente.

Un ultimátum de alto riesgo

Hoy, el caso es una olla de presión a punto de estallar. Por un lado, el ciudadano agraviado por un sistema burocrático tortuoso y opaco que, asegura, lo privó del patrimonio de su familia.

Por el otro, el gobierno federal amparado en sentencias que validan su propiedad y absuelven a sus funcionarios, bajo sospechas de documentos “falsificados”.

“Si el ISSSTE se quiere quedar con el predio, tiene que pagar el precio actual por los daños y perjuicios. De lo contrario, la orden de desalojo será inminente en los próximos días”, advierte Nava Constantino.